No a la privatización del registro civil

El Gobierno quiere traspasar el Registro Civil a los registradores de la propiedad. Jueces, secretarios y notarios critican el proyecto y aseguran que el ciudadano tendrá que pagar.

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 La reforma del Registro Civil aprobada al final del mandato del anterior Gobierno socialista con el apoyo de todos los grupos políticos corre el riesgo de morir antes de aplicarse. La norma fue apoyada por todos los grandes partidos en julio de 2011. También por el Partido Popular, Izquierda Unida, los nacionalistas... Todos votaron a favor. La ley acababa con una organización secular en la que al frente de ese organismo —en el que se inscriben los nacimientos, matrimonios, divorcios, hijos o defunciones— estaban jueces de primera instancia para dejar su llevanza a los secretarios judiciales y a los funcionarios con la licenciatura en Derecho. La informatización de su contenido y la interconexión de los diferentes registros hacían ya innecesaria la tradicional dirección de los magistrados que podrían así dedicarse a juzgar en lugar de a estas labores estrictamente burocráticas. Y todas las fuerzas políticas estaban de acuerdo.

Año y medio después, ese acuerdo se ha hecho añicos. Sin permitir que la norma entre en vigor —dada su complejidad y el necesario traspaso de los jueces a los secretarios y funcionarios se estableció para julio de 2014— el Ministerio de Justicia, que dirige Alberto Ruiz-Gallardón, ha cambiado de idea y ha decidido entregar la dirección del Registro Civil a los registradores de la propiedad y mercantiles, un cuerpo de funcionarios que no cobra un sueldo mensual del Estado, sino un arancel por cada una de las operaciones en las que intervienen y que va directamente a su bolsillo. Además, a pesar de que se les selecciona por oposición, son autónomos en la organización de sus oficinas que funcionan como empresas en muchos aspectos, por ejemplo, el de contratar a su personal, que no es funcionario.

Fuente de información El País digital

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